Sentencias y Resoluciones

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 06322/2016/00/00. Vocalía Tercera, de 5 de abril de 2018.

DOMICILIACIÓN DE PAGO.  Requisitos que deben reunir las cuentas bancarias designadas para la domiciliación de los pagos de un aplazamiento y/o fraccionamiento, así como los efectos que producen en el caso de que las domiciliaciones se realicen en cuentas que no reúnen los requisitos de idoneidad y las consecuencias de la falta de pago o retraso en el mismo cuando la cuenta no sea idónea.

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Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 06297/2017/00/00. Vocalía Tercera, de 23 de marzo de 2018.

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Pago de la deuda. La cuestión debatida consiste en determinar si resulta posible o no aplicar las previsiones del artículo 38 del Reglamento General de Recaudación, referido al “Pago mediante domiciliación bancaria” –en particular, las consecuencias que en este artículo se prevén para el supuesto de que el ingreso no se realice o se realice fuera de plazo- a supuestos en los cuales se utilicen por los obligados tributarios medios de pago diferentes, como puede ser el pago en efectivo.

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Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 06063/2017/00/00. Vocalía Tercera, de 26 de abril de 2018.

En el caso de una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento presentada en período voluntario, que ha dado lugar a un requerimiento administrativo frente al solicitante - en los casos de que dicha solicitud no reúna los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañe de los documentos preceptivos-, a fin de completar la documentación o subsanar los defectos advertidos, la normativa tributaria que prevé que si en el plazo de diez días no se contesta al requerimiento la solicitud se archive sin más trámite, es la única de aplicación, sin que sea necesario acudir a lo prescrito, con carácter supletorio, por las normas que regulan el procedimiento administrativo común, puesto que existe normativa tributaria específicamente prevista, el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación, que además en esencia coincide con lo previsto en las disposiciones de Derecho Administrativo Común -el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 y 68.1 de la Ley 39/2015-.

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Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 0676/2015/00/00. Vocalía Tercera, de 5 de abril de 2018.

Procedimiento de inspección. Incumplimiento del plazo máximo de duración del procedimiento. Consideración del acta de disconformidad como acto formal de reanudación. Eficacia interruptiva de la prescripción. ACCEDE A LA RESOLUCIÓN  

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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 16 de abril de 2018, Rec. 6396/2017. Ponente: Emilio Frías Ponce.

DELEGACIÓN. Competencia para dictar la providencia de apremio en los supuestos de delegación de funciones de gestión y recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 11 de abril de 2018, Rec. 59/2017. Ponente: José Antonio Montero Fernández.

TASA 1,5%.  Costes específicos en la base imponible de la Tasa.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 11 de abril de 2018, Rec. 207/2017. Ponente: José Antonio Montero Fernández.

ORDENANZAS. Modificación de la ordenanza fiscal para incrementar el importe de la tasa por la aplicación del IPC. Necesidad o no de la elaboración de un informe técnico económico.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 11 de abril de 2018, Rec. 6043/2017. Ponente: José Antonio Montero Fernández

ICIO. Posible aplicación de la exención cuando se trata de construcciones, instalaciones y obras directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales de las que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales - cuando no coincidan la condición de propietario del inmueble y la de dueño de la obra-.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 21 de marzo de 2018, Rec. 6511/2017. Ponente: José Antonio Montero Fernández

IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES. Administración codemandada que se allanó en el plazo de contestación a la demanda.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 3 de abril de 2018. Recurso 876/2017. Ponente: Francisco José Navarro Sanchís.

Canon de regulación y tarifa de utilización de aguas, que establece la Ley de Aguas. Aprobación del canon y la tarifa en fecha posterior a la del devengo: aplicación retroactiva improcedente.

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Conflicto de jurisdicción 1/2018, suscitado entre la Delegación Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 y de lo Mercantil de León.

CONCURSAL. Responsabilidad derivada del Derecho Tributario. Compatibilidad de la declaración de responsabilidad tributaria con la pendencia de un proceso concursal, y la posibilidad de reclamar a los administradores concursales por tales deudas sin necesidad de esperar a la conclusión de los procedimientos concursales.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 13 de marzo de 2018. Recurso 53/2017. Ponente: Jesús Cudero Blas.

Responsables solidarios. Administrador de la sociedad. El artículo 174.5 LGT no puede ser interpretado restrictivamente.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 21 de marzo de 2018, Rec. 91/2017. Ponente: José Antonio Montero Fernández

Canon municipal exigido por la concesión administrativa para la explotación de un aparcamiento subterráneo para residentes. Naturaleza jurídica y plazo de prescripción. Condición de sujeto pasivo.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, nº 352/2018, de 6 de marzo de 2018, Rec. 196/2017 Ponente: Francisco José, Navarro Sanchís.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Titularidad de un salón recreativo y de juego que es propietario además de máquinas recreativas y de azar instaladas en ese salón. Tributación por los epígrafes 969.6 y 969.4, debiendo hacerlo en este último caso por la cuota nacional y municipal. Inaplicabilidad de la regla 13 de la Instrucción que permite la opción por el pago de una de las dos cuotas, ya que las actividades del epígrafe 969.4 son distintas y se refieren a dos sujetos pasivos distintos, siendo indiferente que concurran ambas condiciones en el mismo titular. ACCEDE A LA SENTENCIA

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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 16 de marzo de 2018, Rec. nº 6572/2017. Ponente: Emilio Frias Ponce.

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia: Determinar si la anulación de un acuerdo de asignación de valores catastrales individualizados por la falta de constancia en el expediente de aprobación de la ponencia de valores del estudio de mercado es conforme con la doctrina de esta Sala que impide que en esa fase final puedan invocarse vicios que afectan a la propia ponencia, siendo carga de los interesados acreditar la incorrección del valor catastral asignado y, en su caso, que excede del valor del mercado. ACCEDE AL AUTO

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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 16 de marzo de 2018, Rec. 5812/2017. Ponente: Emilio Frias Ponce.

Las dos cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia: Primera. Determinar, en una interpretación conjunta de los artículos 23 , 25 y 27 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y del artículo 2 y las normas 21 , 22 , 23 y 24 del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, si la ausencia del estudio de mercado en el expediente administrativo de la ponencia de valores, aunque forme parte del mismo el documento de análisis y conclusiones de ese estudio de mercado, puede resultar contraria a los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución Española, por impedir a los interesados el cabal conocimiento de la íntegra motivación y fundamentación de la ponencia de valores cuando pretendan ejercitar su derecho a impugnarla en la vía revisora administrativa primero y jurisdiccional después. Segunda. Determinar si las tasaciones inmobiliarias efectuadas conforme a la metodología establecida en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, pueden ser válidas para desvirtuar la relación entre el valor catastral calculado conforme a los criterios de la ponencia de valores y el valor de mercado. ACCEDE AL AUTO

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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 9 de marzo de 2018. Rec. 240/2018. Ponente: Emilio Frias Ponce.

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar el alcance de las actuaciones en los procedimientos de inspección tributaria, en cuanto a si el programa para la planificación y selección del contribuyente se encuentra vinculado o no con el programa que figura en la orden de carga en el plan de inspección. ACCEDE AL AUTO

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 6 de marzo de 2018. Recurso 181/2017. Ponente: Jesus Cudero Blas.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. Exenciones. Empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios sea inferior a un millón de euros. Cláusula antielusión prevista para los grupos de empresas. Cuando se constata que el sujeto pasivo forma parte de un grupo de sociedades el límite de importe neto de la cifra de negocios va referido al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo, debiendo considerarse que laremisión contenida en el artículo 82.1.c).3ª del TRLHL a los grupos de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio debe interpretarse de forma que solo se comprendan en tal concepto aquellos grupos de entidades cuando actúen como grupos consolidados, esto es, cuando deban, por obligación legal, formular sus cuentas anuales en régimen de consolidación. ACCEDE A LA SENTENCIA

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