Boletín Jurídico / Sentencias y Resoluciones
Sentencias y Resoluciones
Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 21 de marzo de 2018, Rec. 6511/2017. Ponente: José Antonio Montero Fernández
IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES. Administración codemandada que se allanó en el plazo de contestación a la demanda.
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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 11 de abril de 2018, Rec. 6043/2017. Ponente: José Antonio Montero Fernández
ICIO. Posible aplicación de la exención cuando se trata de construcciones, instalaciones y obras directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales de las que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales - cuando no coincidan la condición de propietario del inmueble y la de dueño de la obra-.
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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 13 de marzo de 2018. Recurso 53/2017. Ponente: Jesús Cudero Blas.
Responsables solidarios. Administrador de la sociedad. El artículo 174.5 LGT no puede ser interpretado restrictivamente.
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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 21 de marzo de 2018, Rec. 91/2017. Ponente: José Antonio Montero Fernández
Canon municipal exigido por la concesión administrativa para la explotación de un aparcamiento subterráneo para residentes. Naturaleza jurídica y plazo de prescripción. Condición de sujeto pasivo.
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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 9 de marzo de 2018. Rec. 240/2018. Ponente: Emilio Frias Ponce.
La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar el alcance de las actuaciones en los procedimientos de inspección tributaria, en cuanto a si el programa para la planificación y selección del contribuyente se encuentra vinculado o no con el programa que figura en la orden de carga en el plan de inspección. ACCEDE AL AUTO
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Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 80/2018/00/00, Vocalía 12ª, de 23 de marzo de 2018.
Procedimiento de recaudación. Responsabilidad solidaria y suspensión. La cuestión debatida consiste en determinar si la suspensión garantizada acordada respecto de un responsable solidario beneficia a los demás responsables de una misma deuda. Criterio: La solicitud de suspensión del procedimiento de recaudación obtenida por un responsable, no puede afectar al procedimiento de recaudación iniciado frente a los demás responsables de las deudas a las que se refieran dichas solicitudes. Unificación de criterio. Sentencias del Tribunal Supremo de 14.03.2017 Rec. 572/2016 y de 22.11.2017 Rec. 2478/2016. ACCEDE A LA RESOLUCION
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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 16 de marzo de 2018, Rec. nº 6572/2017. Ponente: Emilio Frias Ponce.
Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia: Determinar si la anulación de un acuerdo de asignación de valores catastrales individualizados por la falta de constancia en el expediente de aprobación de la ponencia de valores del estudio de mercado es conforme con la doctrina de esta Sala que impide que en esa fase final puedan invocarse vicios que afectan a la propia ponencia, siendo carga de los interesados acreditar la incorrección del valor catastral asignado y, en su caso, que excede del valor del mercado. ACCEDE AL AUTO
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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 16 de marzo de 2018, Rec. 5812/2017. Ponente: Emilio Frias Ponce.
Las dos cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia: Primera. Determinar, en una interpretación conjunta de los artículos 23 , 25 y 27 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y del artículo 2 y las normas 21 , 22 , 23 y 24 del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, si la ausencia del estudio de mercado en el expediente administrativo de la ponencia de valores, aunque forme parte del mismo el documento de análisis y conclusiones de ese estudio de mercado, puede resultar contraria a los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución Española, por impedir a los interesados el cabal conocimiento de la íntegra motivación y fundamentación de la ponencia de valores cuando pretendan ejercitar su derecho a impugnarla en la vía revisora administrativa primero y jurisdiccional después. Segunda. Determinar si las tasaciones inmobiliarias efectuadas conforme a la metodología establecida en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, pueden ser válidas para desvirtuar la relación entre el valor catastral calculado conforme a los criterios de la ponencia de valores y el valor de mercado. ACCEDE AL AUTO
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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, nº 352/2018, de 6 de marzo de 2018, Rec. 196/2017 Ponente: Francisco José, Navarro Sanchís.
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Titularidad de un salón recreativo y de juego que es propietario además de máquinas recreativas y de azar instaladas en ese salón. Tributación por los epígrafes 969.6 y 969.4, debiendo hacerlo en este último caso por la cuota nacional y municipal. Inaplicabilidad de la regla 13 de la Instrucción que permite la opción por el pago de una de las dos cuotas, ya que las actividades del epígrafe 969.4 son distintas y se refieren a dos sujetos pasivos distintos, siendo indiferente que concurran ambas condiciones en el mismo titular. ACCEDE A LA SENTENCIA
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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 6 de marzo de 2018. Recurso 181/2017. Ponente: Jesus Cudero Blas.
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. Exenciones. Empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios sea inferior a un millón de euros. Cláusula antielusión prevista para los grupos de empresas. Cuando se constata que el sujeto pasivo forma parte de un grupo de sociedades el límite de importe neto de la cifra de negocios va referido al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo, debiendo considerarse que laremisión contenida en el artículo 82.1.c).3ª del TRLHL a los grupos de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio debe interpretarse de forma que solo se comprendan en tal concepto aquellos grupos de entidades cuando actúen como grupos consolidados, esto es, cuando deban, por obligación legal, formular sus cuentas anuales en régimen de consolidación. ACCEDE A LA SENTENCIA
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Auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 5 de marzo de 2018, recurso 6164/2017. Ponente: Emilio Frías Ponce
PRESCRIPCIÓN INTERRUPCIÓN. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar (i) si la posibilidad de reabrir un expediente iniciado mediante declaración y dentro del plazo de prescripción, ha de entenderse referida al plazo de cuatro años computados desde el dies a quo definido por el transcurso de los seis meses habilitados para la presentación de la declaración o, si por el contrario, una declaración extemporánea interrumpe la prescripción y, en consecuencia, el reinicio del expediente puede considerarse efectuado sin haberse cumplido aún el plazo de prescripción. Y en segundo lugar (ii) si la presentación de una autoliquidación parcial a cuenta interrumpe la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria respecto de la totalidad de dicha deuda o solamente respecto a la derivada de aquella parte del hecho imponible a la que afecta.
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Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 02190/2013/50/00, Vocalía 5ª, de 22 de febrero de 2018.
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN. Expediente incompleto. El TEAC considera que la falta de inclusión en el expediente de los documentos en los que la Administración ha fundamentado la denegación de la devolución implica una falta de justificación por ella de las causas de dicha denegación, lo que constituye un defecto material o sustantivo que da lugar a la anulación del acuerdo impugnado, sin orden de retroacción. ACCEDE A LA RESOLUCIÓN
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso – administrativo, nº 53/2018 de 6 de febrero de 2018, Rec. 535/2016.
RECURSO DE CASACIÓN AUTONÓMICO. IIVTNU. Plusvalía municipal. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 175.2 y 3 y 178.4 LFHLN declaradas por la STC 72/2017. La expulsión del ordenamiento jurídico de dichos preceptos impide determinar la existencia o no del hecho imponible ni de cuantificar la base imponible del impuesto. Así, los contribuyentes no pueden alegar y probar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos transmitidos, no pudiendo reexaminarse las liquidaciones practicadas en función una prueba carente de cobertura legal. ACCEDE A LA SENTENCIA
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Más de 55 autos de admisión de cuestiones que presentan interés casacional objetivo sobre los efectos de la Sentencia TC 59/2017.
El Tribunal Supremo ha publicado más de 55 autos de admisión de cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia relacionadas con los efectos del fallo de la Sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional en materia del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 27 de febrero de 2018. Recurso 170/2016. Ponente: Francisco Jose Navarro Sanchis.
SUSPENSIÓN. Improcedencia de la providencia de apremio. no puede la Administración iniciar la vía de apremio -ni aun notificar la resolución ya adoptada- hasta tanto no se haya producido una resolución, debidamente notificada, sobre la solicitud de suspensión del acto administrativo.
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 30 junio de 2017, Rec. 15013/2017.
OBLIGACIÓN PAGO DEL IBI ADSCRITOS O TRANSFERIDOS. No puede la TGSS con ocasión del recurso interpuesto contra la providencia de apremio derivada de las liquidaciones del IBI ventilar la cuestión relativa a la determinación del sujeto pasivo, que ya se ha fijado en los actos de liquidación conforme a la titularidad catastral de los bienes inmuebles que nos incumben. La controversia suscitada sobre la determinación del sujeto pasivo del impuesto por razón de la adscripción de los bienes a la Administración Autonómica pese a la titularidad de los mismos (también catastral) de la TGSS es una cuestión jurídica que debiera plantearse, en su caso, a propósito del recurso contra la liquidación, por lo que en ningún caso conforma un error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.
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Auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 19 de enero de 2018, recurso 5288/2017. Ponente: Emilio Frías Ponce
DOBLE IMPOSICIÓN. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar si los artículos 1 , 4.1 , 6.1 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre , de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que regulan el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, son contrarios al principio de capacidad económica que proclama el artículo 31.1 de la Constitución Española , por la aparente identidad entre el hecho imponible gravado en el IVPEEE y el hecho imponible gravado en el IAE.
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Auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 12 de febrero de 2018, recurso 6080/2017. Ponente: Emilio Frias Ponce
COSTAS PROCESALES. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar si, tras la reforma operada en el artículo 139.1 LJCA por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, resulta o no procedente imponer las costas procesales causadas a la Administración codemandada que se allanó a las pretensiones de la parte demandante en el plazo de contestación a la demanda.
