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INTERESES DE DEMORA. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar si, ante una resolución administrativa recaída en un incidente de ejecución reconociendo totalmente la pretensión solicitada por el reclamante por el TEAC, el Tribunal de instancia que conoce a su vez de la misma pretensión por el ejercicio simultáneo de un recurso contencioso administrativo está o no obligado a acordar el archivo de las actuaciones, con mantenimiento de lo declarado en vía administrativa. Discernir si, interpretando los artículos 26 , 32 y 221.5 LGT , los intereses de demora deben calcularse en relación con la cuantía total del ingreso indebido y desde la fecha de éste o, por el contrario, únicamente tomando como base de cálculo la diferencia entre las liquidaciones satisfechas y el importe de las nuevas liquidaciones giradas en sustitución de aquellas.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 19 de febrero de 2018. Recurso 122/2016. Ponente: Joaquin Huelin Martinez de Velasco.

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Revisión de actos nulos de pleno Derecho. Declaración de nulidad en sede jurisdiccional . El órgano jurisdiccional no puede declarar esa nulidad por razones distintas a las invocadas en la vía administrativa y en la demanda, haciéndolo con sustento en un sustrato fáctico diferente.

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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 30 junio de 2017, Rec. 15013/2017.

OBLIGACIÓN PAGO DEL IBI ADSCRITOS O TRANSFERIDOS. No puede la TGSS con ocasión del recurso interpuesto contra la providencia de apremio derivada de las liquidaciones del IBI ventilar la cuestión relativa a la determinación del sujeto pasivo, que ya se ha fijado en los actos de liquidación conforme a la titularidad catastral de los bienes inmuebles que nos incumben. La controversia suscitada sobre la determinación del sujeto pasivo del impuesto por razón de la adscripción de los bienes a la Administración Autonómica pese a la titularidad de los mismos (también catastral) de la TGSS es una cuestión jurídica que debiera plantearse, en su caso, a propósito del recurso contra la liquidación, por lo que en ningún caso conforma un error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 19 de enero de 2018, recurso 5288/2017. Ponente: Emilio Frías Ponce

DOBLE IMPOSICIÓN. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar si los artículos 1 , 4.1 , 6.1 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre , de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que regulan el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, son contrarios al principio de capacidad económica que proclama el artículo 31.1 de la Constitución Española , por la aparente identidad entre el hecho imponible gravado en el IVPEEE y el hecho imponible gravado en el IAE.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 7 de febrero de 2018, recurso 5565/2017. Ponente: José Antonio Montero Fernández

TASA 1,5% TELEFONÍA FIJA. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar si las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002 , relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), según han sido interpretados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en orden a la imposición de tasas y cánones a las compañías que actúan en el sector de las telecomunicaciones móviles, se extienden también a las que lo hacen en los de la telefonía fija y de los servicios de internet.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 12 de febrero de 2018, recurso 6080/2017. Ponente: Emilio Frias Ponce

COSTAS PROCESALES. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar si, tras la reforma operada en el artículo 139.1 LJCA por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, resulta o no procedente imponer las costas procesales causadas a la Administración codemandada que se allanó a las pretensiones de la parte demandante en el plazo de contestación a la demanda.

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Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 03782/2015/00/00, Vocalía 9ª, de 18 de enero 2018.

RETROACCIÓN DE ACTUACIONES acordada por resolución de recurso de reposición en procedimientos de gestión. Plazo para terminar el procedimiento de gestión. La doctrina de la mesa del Pleno 169/2011, de 27-10-2014, es aplicable también a los supuestos de retroacción ordenados en la resolución de un recurso de reposición (el procedimiento reabierto por la orden de retroacción dada por la resolución, debe continuar hasta su terminación, disponiendo para ello el órgano de aplicación de los tributos del plazo que restase del procedimiento cuya liquidación se anula, que es el resultante de deducir del plazo máximo legal de duración del procedimiento el tiempo transcurrido hasta el momento al que se retrotrae el procedimiento, que es el momento en que se cometió el vicio). ACCEDE A LA RESOLUCIÓN

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Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, nº 02493/2017/00/00, Sección Vocalía 12ª, de 31 enero 2018.

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Medidas cautelares. Para la adopción de las medidas cautelares del art. 81 LGT es necesario que concurran las dos vertientes del riesgo recaudatorio, subjetiva y objetiva. No siendo obligado fundar necesariamente y en todo caso la vertiente subjetiva exclusivamente en comportamientos reprochables desde el punto de vista recaudatorio sino que también puede basarse en conductas (actuaciones u omisiones) puestas de manifiesto con ocasión de la regularización llevada a cabo en el procedimiento de comprobación o investigación y sin que sea exigible para permitir la adopción de la medida cautelar, que en todo caso deba tratarse de actuaciones excepcionales o manifiestamente graves, como los son las tramas de defraudación, facturas falsas o una evidente ocultación. UNIFICA CRITERIO. ACCEDE A LA RESOLUCIÓN

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nº 60/2018 de fecha 19 de enero de 2018. Recurso 1094/2017. Ponente: Excmo. Sr. D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Comprobación limitada. Liquidación provisional. Anulación por razones de fondo. Plazo para dictar la nueva liquidación en sustitución del anterior. El artículo 150.7 LGT (antes, artículo 150.5) no se aplica a los procedimientos de gestión. La nueva resolución que se dicte es un acto de ejecución del artículo 66 RRVA. ACCEDE A LA SENTENCIA

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Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, : 02834/2016/00/00, Vocalía 11ª, de 31 de enero de 2018.

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Criterio. La denegación del aplazamiento tiene como consecuencia la obligación de ingresar la deuda en el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 LGT, y en caso de no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el período ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio. Por tanto, una segunda solicitud aplazamiento dentro de este plazo no tiene efectos suspensivos. ACCEDE A LA RESOLUCIÓN

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Auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 19 de enero de 2018, recurso 4880/2017. Ponente: Emilio Frias Ponce.

ICIO. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en dilucidar si, para cuantificar la base imponible del ICIO, debe excluirse la baja de licitación del coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 19 de enero de 2018, recurso 4628/2017. Ponente: Emilio Frias Ponce.

CATASTRO. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar si la anulación del planeamiento urbanístico, que clasificaba un sector como suelo urbanizable, conlleva que los terrenos afectados vuelvan a tener la clasificación de suelo no urbanizable y, en consecuencia, no puedan tener la consideración de suelo urbano a efectos catastrales, dando lugar a la nulidad de las liquidaciones giradas del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

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Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 07586/2016/00/00, Vocalía 7ª, de 12 de diciembre de 2017.

IBI. Procedimiento de Valoración colectiva de carácter general. Eficacia de los valores catastrales. Notificación individual.

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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, nº 10504/2018, de 20 de diciembre de 2017, Recurso de Apelación nº 286/2017, Albacete, a 20 de diciembre de 2.017.

REGISTRO ELECTRÓNICO. Procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, considera vulnerado del artículo 25.1 de la Constitución Española (CE) por no haberse admitido a una entidad mercantil la contestación de un requerimiento mediante una vía distinta que la comparecencia en la sede electrónica del Ayuntamiento. Falta de adhesión de la Administración demandada a los registros establecidos por la Administración General del Estado, tampoco existe constancia en los autos que se haya justificado el requisitos del art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, nº 47/2018 de 17 de enero de 2018, Rec. 3155/2016. Ponente: Nicolás Antonio Maurandi Guillen.

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. No cabe apreciar en los artículos 27.6 y 28.1 y 3 de la Ley 11/2007 (LAE) una disminución o privación de las garantías que son inherentes al derecho fundamental de tutela judicial efectiva del artículo 24 CE .

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Auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 19 de enero de 2018, recurso 4950/2017. Ponente: Emilio Frias Ponce.

ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en establecer, interpretando los artículos interpretando los artículos 14.1, en relación con el 15.1.y 4, de si el articulo 15.4 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre , de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo impone de forma reglada a los Ayuntamientos la aplicación de la exención en los tributos de su competencia señalados a tal efecto en dicha Ley, a partir de la estricta comunicación al órgano competente, poniendo en conocimiento de éste la opción efectiva por la aplicación del régimen fiscal especial previsto para las entidades sin fines lucrativos; o si por el contrario, se entiende como una situación cuyo reconocimiento debe interesarse por el sujeto pasivo de manera nominal, individualizada y detallada respecto de todos y cada uno de los Impuestos a los que afecta, aun cuando se verificase en un solo escrito.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 19 de enero de 2018, recurso 5684/2017. Ponente: Emilio Frias Ponce.

SANCIONADOR. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia es determinar si, anulada una sanción tributaria, la Administración tributaria, en ejecución de la resolución anulatoria, puede imponer una nueva sanción sin sometimiento a plazo alguno o, por el contrario, está sujeta a algún plazo, en particular al plazo de caducidad de tres meses establecido en el artículo 209.2 LGT.

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Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 03927/2017/00/00, Vocalía 12ª, de 30 de noviembre de 2017.

REDUCCIÓN DE LAS SANCIONES. No procede la aplicación de la reducción del 25% cuando se procede a efectuar un ingreso solo parcial del importe inicial de la sanción en el período de ingreso concedido tras la denegación de una solicitud de un aplazamiento o fraccionamiento sin garantía y tras ello, se solicita de nuevo un aplazamiento/fraccionamiento dispensado de garantía por razón de su importe, el cual es concedido.