Boletín Jurídico / Sentencias y Resoluciones
Sentencias y Resoluciones
Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, Vocalía 12ª, de 7 de julio de 2016, nº 00919/2016/00/00.
Procedimiento de inspección. Transcurso de seis meses desde la finalización del plazo de alegaciones al acta. Intento de notificación, durante ese período, del acto de liquidación. Inexistencia de interrupción injustificada. Doctrina: No cabe apreciar que haya una interrupción injustificada de un procedimiento de inspección cuando, pese a haber transcurrido más de seis meses desde la fecha de finalización del plazo de alegaciones contra el acta hasta la fecha en que se notifica el acto de liquidación, durante ese período se han realizado por la Administración uno o más intentos válidos de notificación del acto de liquidación, por cuanto esos mismos intentos están ya acreditando que la Administración no permaneció inactiva durante ese plazo. ACCEDE A LA RESOLUCION
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Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Supremo, de 27 de junio de 2016, recurso 2232/2015. Ponente: D. Manuel Martín Timón.
ORDENANZAS FISCALES. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. Tipo de gravamen.Examen de la doctrina jurisprudencial sobre la posible aplicación retroactiva de las Ordenanzas Fiscales. Aunque la retroactividad de la modificación de la Ordenanza está específicamente prevista y habilitada por una norma de rango de ley, es necesario que tenga lugar en las condiciones que se señalan en la misma.
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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, de 5 de julio de 2016, recurso 554/2015. Ponente: Juan Gonzalo Martínez Mico.
TASAS MUNICIPALES: Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones que utilizan el dominio público local para la prestación de los mismos: exacción de la tasa a los operadores cuando, no siendo titulares de redes, lo sean de derechos de uso, acceso o interconexión a éstas: improcedencia, tras STJCE de 12-07-2012, por la que se declara la vulneración de la Directiva 2002/20/CE, de autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en caso de aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil; doble imposición existente, al verse afectado el espectro radioeléctrico, cuya utilización se encuentra gravada por la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: anulación procedente.
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Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Supremo, de 21 de junio de 2016, recurso 1312/2015. Ponente: Juan Gonzalo Martínez Mico.
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Por ocultación maliciosa de bienes o derechos con la finalidad de impedir su traba, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieren podido embargar. Confirmación de la resolución administrativa de derivación de responsabilidad.
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Supremo, de 27 de junio de 2016, recurso 2457/2015. Ponente: D. Manuel Martín Timón.
TASAS. Recogida de basuras. Omisión del preceptivo informe económico financiero en la tramitación de la Ordenanza reguladora de la tasa sobre recogida domiciliaria de la recogida de basuras del Ayuntamiento de Yaiza. La falta de firma del mencionado informe por el técnico municipal que lo elaboró supone que no queda acreditada su autoría, defecto que tampoco fue subsanado por el Secretario del Ayuntamiento que pudo expedir una certificación acreditativa de que el documento original rubricado se había extraviado. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJ Canarias, confirma la declaración de nulidad de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre recogida domiciliaria de basuras o residuos urbanos del Ayuntamiento de Yaiza, ejercicio 2011 y anula la liquidación girada a la parte recurrente
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Supremo, de 28 de junio de 2016, recurso 1280/2015. Ponente: D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco
Los ayuntamientos han de fijar tipos de gravamen para los bienes inmuebles de naturaleza urbana que oscilen entre el 0,4 por 100 y el 1,10 por 100, sin perjuicio de que puedan incrementarlos con determinados puntos porcentuales si se producen ciertas circunstancias (artículo 72 TRHL, apartados 1 y 3).
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Supremo, de 20 de junio de 2016, recurso 1013/2015. Ponente: D. Manuel Vicente Garzón Herrero.
DEBER DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. HACIENDA FORAL DE BIZKAIA. Requerimiento individualizado de información. Solicitud de información dirigido a la Financiera El Corte Inglés para que la entidad aportara en soporte magnético informático relación con aquellas personas o entidades titulares de "tarjeta de El Corte Inglés" cuyo domicilio registrado en los "datos de contacto" de dichas tarjetas radique en el Territorio Histórico de Bizkaia y que hayan realizado pagos a través de las mismas por importe total anual igual o superior a 30.000 euros entre 2008 y 2011. Controversia suscitada en relación a si un "poder tributario", en este caso, la Diputación Foral de Bizkaia, puede requerir información de manera directa a un ciudadano domiciliado fuera de su territorio, en este caso, en territorio propio de otro «poder tributario». MECANISMO DE AUXILIO ENTRE ADMINISTRACIONES. la Ley 12/2002,por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco consagra en su artículo 45.2 el mecanismo de auxilio a utilizar cuando se pretende exigir el cumplimiento de requerimiento de información tributaria más allá del ámbito territorial sometido al poder financiero del ente requirente. ACCEDE AL DOCUMENTO
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Sentencia de la Sala de lo Civil, sección 1ª, del Tribunal Supremo, de 15 de junio de 2016, recurso 2110/2014. Ponente: D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.
El contrato privado de compraventa de las plazas de garaje incluía entre sus estipulaciones la facultad para repercutir la parte proporcional del IBI de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63.2 del RDleg 2/2004 (TR LHL) que establece la posibilidad de repercusión del impuesto, sin sujetarlo a pacto que lo permita, limitándose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se hará conforme a las normas de derecho común, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (arts. 1445 y siguientes del Código Civil), en virtud de las cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 (art. 609 del C. Civil). Sin perjuicio de ello, las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión.
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del tribunal supremo, de 7 de marzo de 2016, recurso 1300/2014. Ponente: D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco.
La Administración no está obligada a intentar encontrar responsables subsidiarios, debiendo en su caso el responsable subsidiario aportar el nombre del posible responsable solidario y datos suficientes para justificar una apariencia de responsabilidad.
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, de la Audiencia Nacional, de 7 de enero de 2016, recurso 158/2013. Ponente: D. Manuel Fernández-Lomana García.
Se anula la notificación electrónica porque no se acredita que la destinataria tuvo conocimiento de su inclusión en el sistema de Dirección Electrónica Habilitada.
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 23 de marzo de 2016, recurso 49/2014. Ponente: D. Leonor Alonso Díaz-Marta.
Sucesores de la deuda tributaria. Sucesores mortis causa. Procedimiento de recaudación. Período ejecutivo. Procedimiento de apremio. Falta de notificación de la liquidación. Se inicia procedimiento contra la viuda del obligado tributario cuando a ella nunca se le ha notificado la liquidación en período voluntario. No es suficiente que haya recibido notificación de una liquidación que no se le giraba a ella sino al fallecido. No se ha seguido lo dispuesto en el artículo 39 LGT puesto que el obligado tributario falleció antes de que se practicara la liquidación, por lo que teniendo la Administración conocimiento de ello, debió realizar las actuaciones con la representante de la herencia yacente.
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 25 de enero de 2016. Recurso 1880/2010. Ponente: D. Maria Rogelia Torres Donaire.
La falta de motivación no puede ser suplida por el órgano económico- administrativo o judicial ya que la competencia de imponer sanciones tributarias corresponde exclusivamente a la Administración tributaria.
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2016, recurso 592/2015. Ponente: D. José Antonio Montero Fernández.
TASAS. Tasa por abastecimiento de agua en alta establecida por el Ayuntamiento de Cáceres por la prestación realizada al Ayuntamiento de Malpartida. Art. 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004. No es competente el Ayuntamiento de Cáceres para prestar el servicio público de abastecimiento de agua a otro municipio.
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 5ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11 de marzo de 2016 recurso 11/2014. Ponente: Dña Carmen Álvarez Theurer.
La prohibición de aportar nueva documentación tras el trámite de audiencia afecta solo al procedimiento de comprobación. Aunque los Tribunales Económico-Administrativos han venido negando dicha posibilidad, esta postura atenta contra el derecho a tutela judicial efectiva y así se está reconociendo por distintos tribunales tanto en vía económico administrativa como en vía contenciosa.
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Sentencia de la Sala Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Supremo, de 7 de junio de 2016 recurso 193/2014. Ponente: D. Juan Gonzalo Martínez Mico.
Se reconoce a un contribuyente el derecho a la devolución de unas cantidades, se declara la inaplicación de las reglas de prescripción por el transcurso de más de cuatro años en ejecutar dicha resolución, basada en la existencia de interés general en el cumplimiento de las resoluciones económico-administrativas, cuyo deber corresponde de oficio a la Administración, no constituyendo un supuesto de devolución de ingresos indebidos.
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 9ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 1 febrero de 2016, recurso 547/2015. Ponente: D. Jesús Torres Martínez.
IIVTNU. La no concurrencia del hecho imponible del Impuesto era carga del sujeto pasivo, y no del Ayuntamiento, por tanto compete al sujeto pasivo acreditar que el incremento de valor de los terrenos no se había producido y ninguna prueba consta en autos sobre tal extremo.
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 9ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 enero 2016, recurso 281/2015. Ponente: Dña. Ángeles Huet de Sande.
IIVTNU. Hecho imponible. Dado que en el caso el Ayuntamiento apelante aceptó, de forma expresa y manifiesta, que en las transmisiones de los inmuebles en cuestión se había producido un "decremento acreditado", es por lo que debe tenerse por acreditado que no se ha producido con dichas transmisiones un incremento del valor de los inmuebles transmitidos y que, por tanto, no se ha producido el hecho imponible legalmente definido del IIVTNU.
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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Supremo, de 20 de junio de 2016, recurso 2530/2015. Ponente: D. José Antonio Montero Fernández.
INADMISIÓN por no justificarse el grave daño a los intereses generales. Se pretende la siguiente doctrina legal: “las determinaciones contenidas en el artículo 107.2 del TRLHL, gozan de una presunción iuris et de iure, por lo que la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y por tanto el valor real del inmueble a efectos de la liquidación del impuesto, es el propio del valor catastral, y no cabe añadir o restar importe alguno”, pero la misma no está conectada con el objeto de la sentencia recurrida y básicamente es reproducción de la norma cuya interpretación se pretende aclarar. ACCEDE AL DOCUMENTO
