Boletín Jurídico / Sentencias y Resoluciones
Sentencias y Resoluciones
Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, num. 45/2016, de 8 Febrero, recurso 52/2015. Ponente: Jaime Alberto, Santos Coronado.
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. Providencia de apremio. Frente a la providencia de apremio dictada contra el obligado tributario éste sólo puede alegar alguna de las causas tasadas previstas para ello, entre las que se encuentra la suspensión de la liquidación. Inadmitida la solicitud de suspensión formulada por la interesada, dicha solicitud no produce efecto alguno. ACCEDE AL DOCUMENTO
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Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, Vocalía 11ª, de 2 de marzo de 2016.
Cómputo del plazo establecido para presentar declaraciones. Período impositivo quebrado.
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Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, nº 87/2016 de 29 Febrero 2016, recurso 157/2014. Ponente: Begoña, Fernández Dozagarat.
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. Providencia de apremio. Frente a la providencia de apremio dictada contra el obligado tributario éste sólo puede alegar alguna de las causas tasadas previstas para ello. La denegación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria, cuando no conste que se ha impugnado, impide que dicha causa se pueda alegar para impugnar la providencia de apremio dictada. ACCEDE AL DOCUMENTO
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Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, Vocalía 8ª, de 17 de marzo de 2016.
Procedimiento de verificación de datos. Efectos. Nulidad derivada de la utilización improcedente en relación con el desarrollo de actividades económica. Diferencias entre el Procedimiento de Verificación de Datos y el Procedimiento de Comprobación Limitada.
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Sentencia de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, Sección 2ª, de 18 Junio 2015, recurso 3531/2014. Ponente: Martínez Micó, Juan Gonzalo.
Ejecución de Sentencias. Conformidad a derecho de autos que declaran la prescripción sobrevenida del derecho de la Administración a dictar la liquidación en ejecución de sentencia, por superar el plazo de seis meses establecido en el art. 150.5 LGT. El concepto de retroacción de actuaciones inspectoras no sólo abarca los casos en que se ordena formalmente la misma, que procede por razones formales o de procedimiento, sino que, a efectos de declarar la prescripción extintiva sobrevenida por superación del plazo establecido en dicho precepto, es indiferente que la retroacción aparezca explícitamente declarada en la resolución de que se trate y que se adopte para la subsanación de defectos formales, por lo que cabe aplicarla también a las resoluciones que se dicten en ejecución de una resolución firme, administrativa o judicial, pues la sentencia no distingue entre unos y otros casos. ACCEDE AL DOCUMENTO
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Auto 00126/2015 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 8 de junio de 2015. Ponente: D. Jacinto José Pérez Benítez.
La aprobación del convenio determina el cese del procedimiento concursal y, por tanto, de la exclusividad del juez del concurso en caso que se plantee demanda de ejecución hipotecaria. El Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra considera competente al juez de Primera Instancia para tramitar la ejecución planteada al estimar que no existen razones para considerar que el juez del concurso, después de la aprobación del convenio, deba seguir reteniendo la competencia, ni sobre procesos declarativos ni sobre procesos de ejecución hipotecaria como el presente. Accede al documento
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Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016, recurso de inconstitucionalidad número 1792-2014.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y en consecuencia la nulidad de parte del articulado de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), por entender que invaden las competencias de las Comunidades Autónomas.
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Sentencia 11386/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, con sede en Barcelona, de 20 de noviembre de 2015, Rec. 158/2014. Ponente: Mª Pilar Galindo Morell.
Los actos de gestión catastral interrumpen la prescripción del derecho de la Administración a practicar la correspondiente liquidación tributaria.
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Resolución nº 07511/2015, del Tribunal Económico Administrativo Central, Vocalía Duodécima, de 25/02/2016. Unificación de Criterio.
Asunto: Notificaciones. Procedimientos iniciados a instancia de parte en los cuales el interesado ha señalado expresamente un lugar para la práctica de la notificación. Intentos necesarios con carácter previo a acudir a la notificación por comparecencia. Requisitos señalados por la jurisprudencia. Criterio: Este Tribunal Central no desconoce, evidentemente, que la literalidad del artículo 112.1 de la Ley General Tributaria establece la diferenciación entre procedimientos iniciados de oficio y procedimientos iniciados a instancia de parte, a efectos de determinar el lugar de notificación donde efectuarse los intentos para acudir a la notificación edictal. No obstante, vista nuestra jurisprudencia y en aplicación de la misma, debe concluirse que en los procedimientos iniciados a instancia de parte en los cuales el interesado ha señalado expresamente un lugar para la práctica de las notificaciones, una vez intentada la notificación dos veces en el mismo sin que haya podido efectuarse (un único intento en caso de desconocido), es necesario, antes de acudir a la notificación por comparecencia, agotar otras posibilidades por la Administración, concretamente acudir al domicilio fiscal, cuando resulte sencillo acceder, sin esfuerzo alguno, a ese domicilio, bien porque éste se hallaba en el propio expediente, bien porque cabía acceder al mismo mediante la simple consulta en las propias bases de datos de la Administración actuante. Accede a la Resolución
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Resolución nº 04892/2014, del Tribunal Económico Administrativo Central, Vocalía Duodécima, de 25/02/2016. Unificación de Criterio.
Asunto: Procedimiento de recaudación. Actuaciones de la AEAT en la vía ejecutiva por cuenta de otras Administraciones y Entes Públicos. Contenido de la notificación de la providencia de apremio. Criterio: La actuación de la AEAT en la recaudación en vía ejecutiva por cuenta de otras Administraciones y Entes Públicos -cuando consista, como primer acto del procedimiento, en la mera notificación de la providencia de apremio emitida por esos otros-, puede consistir bien en la notificación del documento original (o copia auténtica) de dicha providencia, o bien en la notificación de los datos al efecto contenidos en las transmisiones electrónicas que esas otras Administraciones y Entes Públicos realicen en las condiciones legales y convenidas aplicables, siempre que en este caso quede garantizado que incluyen toda la información realmente contenida en la providencia de apremio. Accede a la Resolución
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Resolución de 07036/2015, del Tribunal Económico Administrativo Central, Vocalía Duodécima, de fecha 18/02/2016. Unificación de Criterio.
Asunto: Infracciones y sanciones. Culpabilidad. Motivación. Ejemplo de utilización de fórmula generalizada o estereotipada que no es motivación suficiente de la culpabilidad. Rechazo del automatismo en las sanciones. Criterio: La utilización de la expresión “analizadas las circunstancias concurrentes la conducta del obligado tributario ha sido negligente sin que se aprecie ninguna causa de exoneración de la responsabilidad” no supone motivar suficientemente el elemento subjetivo de la culpabilidad en una resolución sancionadora; bien al contrario, resulta una fórmula generalizada y estereotipada que no es motivación suficiente para apreciar la culpabilidad del presunto infractor. Se rechaza cualquier automatismo, de tal forma que los elementos objetivos del tipo infractor han de darse como elemento necesario, pero no suficiente. Pero el que exista el elemento subjetivo de la culpabilidad ha de hacerse patente en el procedimiento sancionador mediante la motivación. Hasta tal punto se es exigente, que una motivación basada en juicios de valor o fórmulas generalizadas, ni siquiera es subsanable, siendo criterio de este TEAC que, una vez anulada una sanción por resolución o sentencia por falta de motivación, al tratarse de un elemento esencial, le queda vedado a la Administración el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. Por ello, los elementos fácticos y jurídicos en los que la Administración fundamente la existencia de la culpabilidad deben constar en el expediente sancionador y en el propio acuerdo sancionador, sin que resulte admisible intentar acreditar su existencia por remisión a los hechos que resulten acreditados en el expediente de regularización de la deuda o a otros documentos distintos del expediente sancionador diferentes de la propia resolución sancionadora.
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Resolución 00174/2014 del Tribunal Económico Administrativo Central, Vocalía 3ª, de 4 de febrero de 2016.
Procedimiento sancionador. Posibilidad de iniciar nuevo procedimiento una vez anulada la liquidación principal por haberse ordenado la retroacción de actuaciones.
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Resolución 04872/2012 del Tribunal Económico Administrativo Central, Vocalía 2ª, de 13 de enero de 2016.
Procedimiento de Inspección. Duración de las actuaciones. Efectos del incumplimiento del plazo máximo de duración. Reanudación formal de las mismas. Prescripción.
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Sentencia 5519/2015 del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 23 de diciembre de 2015, Rec. 1543/2015. Ponente: Manuel Vicente Garzón Herrero.
La creación de la sociedad de gananciales con aportación de bienes y su inmediata disolución se considera donación. Accede al documento
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Sentencia 1632/2015, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada Rec. 411/2015, de 21 de septiembre de 2015. Ponente: Manuel Pérez Lara.
ICIO. La vinculación entre las liquidaciones, provisional y definitiva, impide incorporar en la fase de la liquidación definitiva las partidas declaradas en presupuesto inicial y que no fueron incluidas o que fueron excluidas en la fase de la liquidación provisional, en estos casos es necesaria la revocación de la liquidación por el cauce previsto en el artículo 218 de la Ley General Tributaria. Accede al documento
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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 23 nov. 2015, Rec. 4091/2013. Ponente: Emilio Frías Ponce.
Tasas Municipales. Naturaleza de la contraprestación económica que los usuarios deben abonar por recibir el servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable cuando de la prestación se encarga una entidad privada, adjudicataria de la concesión del servicio. Modificación introducida por la Ley 2/2011, de Economía Sostenible. Las contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de suministro de agua potable prestado mediante concesión deben ser calificadas como tasas, con independencia de la modalidad de gestión empleada. Incluso en los casos en que el servicio es gestionado por un ente público que actúa en régimen de Derecho privado, a través de sociedades municipales o por un concesionario, lo exigido a los ciudadanos tiene la calificación de tasa, no de precio privado o tarifa. La forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública. Accede a la Sentencia
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Resolución 6684/2013 del Tribunal Económico Administrativo Central, Vocalía 12ª, de 17 de diciembre de 2015.
Recaudación tributaria. Derivación de responsabilidad de las deudas tributarias. Colaboradores y otros responsables solidarios de las sanciones tributarias. Limitación de las reducciones que benefician al deudor principal. FIJA CRITERIO. Las reducciones de las sanciones que se regulan en el artículo 188 apartados 1. b) y 3 no son de aplicación a las sanciones cuya acción de cobro se derive en virtud del artículo 42.2 de la LGT. Accede a la Resolución
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Sentencia 4011/2015 del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, de 28 de septiembre de 2015, Recurso nº 311/2014. Ponente: D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco.
PRECIOS PÚBLICOS. Nulidad de la modificación de la Ordenanza Fiscal del Precio Público del Conservatorio Profesional de Música. Pese a la falta de referencia expresa en los arts. 43 a 47 LRHL la existencia de un estudio económico-financiero es imprescindible para la aprobación y la cuantificación de un precio público local por resultar obligado justificar el importe y el grado de cobertura de los costes.
