Sentencias y Resoluciones

 TASA 1,5. Determinación de la base imponible

Exclusión del concepto de ingresos brutos de lo facturado por servicios de valor añadido que no tengan una vinculación directa o no sean necesarios para la prestación de los suministros Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2023, recurso nº 3042/2021. Ponente: Rafael Toledano Cantero.

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PRESCRIPCIÓN. La solicitud de certificado de deuda pendiente no tiene virtualidad interruptiva de la prescripción

La solicitud de certificación de deuda pendiente y su emisión y correspondiente notificación no tienen efectos interruptivos de la prescripción del derecho a exigir el pago de las deudas tributarias. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 07887/2022 de 16 de febrero de 2023.

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IAE. Reducción de la cuota nacional por paralización de industrias durante el estado de alarma

El período de tiempo a considerar para realizar el cálculo de la cuota proporcional es únicamente el afectado por el cese total en la actividad de máquinas recreativas, sin poder considerarse para este cálculo períodos en los que la actividad pudo realizarse de forma parcial, en la medida en que podía realizarse en locales situados en una determinada área geográfica pero no en otra o bien podía realizarse en un tipo de local cuya apertura estaba autorizada y no en otros. Para cuota municipal la cuestión está pendiente del TS. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 08916/2022 de 26 de enero de 2023.

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IBI. Devolución de ingresos indebidos de liquidaciones firmes por cuestiones censales

Si como consecuencia de un procedimiento de subsanación de deficiencias del artículo 18 TRLCI, se reduce el valor catastral de un inmueble que afecta a liquidaciones firmes del IBI ¿Se debe instar un procedimiento de revisión extraordinaria para su devolución o simplemente cabe invocar el artículo 224.1, párrafo 3º de la LGT? Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 8 de febrero de 2023 (Recurso nº 5519/2022). Ponente: Isaac Merino Jara

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ORDENANZAS FISCALES. Las Ordenanzas están exoneradas del trámite previo de consulta pública para su aprobación

El TS considera que el artículo 17 del TRLRHL constituye la ley especial que regula el procedimiento para la aprobación de las ordenanzas fiscales, por lo que no le resulta de aplicación el trámite de consulta pública prevista en el artículo 133.1 LPAC. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2023 (Recurso número 4791/2021). Ponente: Rafael Toledano Cantero.

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LISTA DE MOROSOS. La inclusión en la lista es nula cuando las deudas o sanciones tributarias pendientes no son firmes

El TS, interpreta lo dispuesto en el artículo 95 bis de la LGT y considera que únicamente pueden conformar la lista, las personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de deudores a la Hacienda Pública, por deudas o sanciones tributarias firmes. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2023 (Recurso nº 465/2021). Ponente: José Antonio Montero Fernández.

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APREMIO. Interpretación del artículo 8.3 del TRLRHL a efectos de embargo de cuentas

¿Resulta aplicable el principio de territorialidad en el embargo de cuentas radicadas fuera del territorio de la Administración actuante, cuando para ello no se requiere el desplazamiento físico del funcionario o agente para su realización? Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 25 de enero de 2023 (Recurso nº 4911/2022). Ponente: Isaac Merino Jara.

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EJECUCIÓN. La Administración sólo goza de una única oportunidad para rectificar sus errores sustantivos o formales

Las nuevas liquidaciones tributarias, en sustitución de las anuladas judicialmente por motivos formales, están sujetas al límite de la prescripción y a la imposibilidad de la repetición del mismo error por la Administración Tributaria. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2023 (Recurso número 1194/2021). Ponente: Rafael Toledano Cantero.

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IAE. Epígrafe de tributación por las transmisiones realizadas por las Entidades de crédito como consecuencia de la ejecución de garantías hipotecarias

La transmisión de dos bienes inmuebles realizada directamente por parte de entidades financieras, forma parte de la actividad bancaria, puesto que no se desarrolla con carácter principal y habitual, sino con carácter accesorio para la ejecución de los créditos hipotecarios, por lo que se encuadra dentro del epígrafe 811, propio de la actividad bancaria. No procede el alta en el epígrafe 833 del cuadro de tarifas. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2023 (Recurso número 980/2021). Ponente: José Antonio Montero Fernández.

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APREMIO. El requerimiento de información de bienes interrumpe el plazo de prescripción del derecho a exigir el pago

El TEAC entiende que este requerimiento está directamente dirigido, de forma efectiva, a la recaudación de la deuda tributaria, por lo que constituye acto interruptivo de la prescripción. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 04959/2019, de 13 de diciembre de 2022.

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INSPECCIÓN. Extensión del plazo máximo de duración del procedimiento inspector, por motivos tasados

Si se dan las circunstancias del artículo 150.5 de la LGT, la extensión del plazo de duración del procedimiento de inspección es automática, independientemente del motivo que impidió al contribuyente aportar la documentación. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 04154/2019, de 19 de diciembre de 2022.

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IIVTNU. El TS se pronunciará sobre los efectos de la STC 182/2021 que declaró la inconstitucionalidad de la regulación de la base imponible del impuesto

Son numerosos los recursos interpuestos entre el 26 de octubre de 2021 (fecha en que se dictó la Sentencia) y el 25 de noviembre de 2021 (fecha de su publicación en el BOE). El TS deberá responder a si ¿estos recursos pueden fundarse en la doctrina de la STC 182/2021 o como la liquidación no fue recurrida antes del 26 de octubre, se trata de una situación jurídica consolidada? Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 18 de enero de 2023 (Recurso nº 4136/2022). Ponente: Isaac Merino Jara

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IBI. Sujeto pasivo en caso de usufructos parciales sobre el bien inmueble

La prelación de derechos establecida en el artículo 61 del TRLHRL únicamente opera en caso de que el usufructo recaiga sobre el 100% del inmueble, en caso de usufructos parciales (20%), los usufructuarios deberán hacer frente al impuesto en proporción a su cuota de participación, siendo los propietarios plenos los que satisfagan el resto (80%) puesto que, entre las facultades dominicales, se encuentra el usufructo. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2022 (Recurso número 7224/2020). Ponente: María de la Esperanza Córdoba Castroverde.

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CONCURSO DE ACREEDORES. Imposibilidad de emitir la providencia de apremio cuando se trate de créditos concursales

En aplicación de la normativa en materia de concurso de acreedores, se impide dictar la providencia de apremio respecto de deudas concursales cuando la fecha límite del pago en periodo voluntario fuera anterior a la declaración de concurso de acreedores. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 02429/2022, de 19 de enero de 2023.

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APREMIO. Anulación de una diligencia de embargo dirigida al cobro de una sanción por invalidez de la notificación de la providencia de apremio

La Administración no puede retener la cantidad embargada indebidamente para compensar ese importe con la deuda de naturaleza pública pendiente de pago, por tanto, procede la devolución de lo indebidamente embargado. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 07892/2022, de 19 de enero de 2023.   El criterio adoptado, en unificación de doctrina, por parte del TEAC es: “No procede la compensación de oficio de una deuda de naturaleza pública con el crédito reconocido a favor del deudor en ejecución de la resolución de la reclamación económico-administrativa que anuló una diligencia de embargo dirigida al cobro de esa misma deuda por no resultar válida la notificación de la providencia de apremio”. El TEAC, justifica su decisión atendiendo al caso concreto, al tratarse de una sanción de 200 euros impuesta al recurrente por la comisión de una infracción de tráfico que devino firme sin que se abonara en período voluntario. Por ello se inició la vía de apremio, embargando la AEAT al recurrente la cantidad de 240 euros. Ahora bien, tanto la providencia de apremio como la posterior diligencia de embargo fueron anuladas por resolución de 15 de marzo de 2017, acordándose la devolución de la cantidad embargada. Es decir, que la administración no puede retener esa cantidad, pues ella misma ha declarado que se embargó indebidamente y debe devolverla, sin que sea aplicable compensación alguna, que de ser aplicada en este caso supondría eliminar todo el procedimiento de apremio. Al anularse la providencia de apremio y el embargo, la demandada carece de título sobre la cantidad retenida, sin que pueda compensarlo porque no se trata de dos créditos autónomos y reconocidos, sino que uno de ellos deriva de un procedimiento anulado, con obligación de devolución. El artículo 58.1 antes citado permite la compensación de deudas pero se refiere a créditos reconocidos, y en este caso no existen, pues el crédito que alega la administración no es tal, ya que deriva de una actuación administrativa anulada. Un caso paradigmático que refuerza la conclusión alcanzada es aquel en que la diligencia de embargo de cuenta bancaria es anulada por afectar al salario mínimo inembargable ex lege, supuesto al que se refiere la resolución del TEAR de Madrid de 17 de septiembre de 2020 (RG 28/11362/2018) que estimó una reclamación en la que se revisaba el acuerdo de compensación de oficio de una deuda con el crédito reconocido tras la anulación del embargo efectuado para el cobro de aquella de una cuenta bancaria del deudor en la que se ingresaba la pensión, inferior al salario mínimo interprofesional. Y es que constituiría realmente un sinsentido que el embargo de una cantidad inembargable por ley para el cobro de una deuda produzca, por el mecanismo de la compensación de oficio, la extinción de dicha deuda.

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APREMIO. Requisitos de validez de la declaración de fallido para la derivación de responsabilidad tributaria

La declaración de fallido del deudor principal es válida aunque no exprese cuantitativamente el carácter parcial de la insolvencia, pues la constatación de la situación de insolvencia no requiere que se agoten todos los trámites del período ejecutivo con respecto de todas y cada una de las deudas, ni queda invalidada por el hecho de que se encuentre pendiente la contestación por parte del deudor principal un requerimiento de manifestación de bienes al amparo del artículo 162.1 LGT. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2022 (Recurso nº 1268/2021). Ponente: Francisco José Navarro Sanchís

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APREMIO. Cómputo e interrupción del plazo de prescripción para declarar la responsabilidad solidaria

Cambio de criterio del TEAC: El plazo de cuatro años de prescripción del derecho a declarar la responsabilidad solidaria del art 42.2.a) no se interrumpe por las actuaciones de cobro realizadas frente al deudor principal u otros obligados ya declarados, ni tampoco queda suspendido por la declaración de concurso del deudor principal Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 3257/2020, de 13 de diciembre de 2022

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ESTADO DE ALARMA. COVID.  Cómputo de los plazos para la interposición de reclamación económica

Notificada la resolución del recurso de reposición con posterioridad a la entrada en vigor de la declaración del estado de alarma, el plazo para interponer la reclamación económico-administrativa se computa desde el 1 de junio y hasta el 1 de julio (de fecha a fecha). Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, nº 6576/2020, de 13 de diciembre de 2022

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