Boletín Jurídico / Trabajos
Trabajos
Análisis del concepto de «Valor de referencia de mercado»
Aproximación al concepto de “Valor de referencia de Mercado” introducido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2018, circunscrito inicialmente al ámbito catastral con posible incidencia futura en la gestión y aplicación de distintos tributos.
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IAE: sólo tributan por la cifra agregada de negocio los grupos obligados a presentar CCAA consolidadas
La exención en el IAE a empresas cuya cifra de negocio no supere el 1.000.000 €, se aplicará según ha interpretado el Tribunal Supremo en Sentencia de marzo de 2018, también a los grupos de empresas que aun superando esta cifra agregada, no tengan obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Ahora bien, habrá que tener en cuenta que los efectos de esta doctrina carecerán de efectos retroactivos siendo exclusivamente prospectivos, con la excepción de aquellas liquidaciones atrasadas que no hubieran alcanzado firmeza en vía administrativa porque estuvieran impugnados por motivos diversos.
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Algunas reflexiones sobre la autonomía tributaria local
La autora realiza un análisis, tras distintos pronunciamientos judiciales, de la potestad de autoorganización en los servicios tributarios municipales en el marco de la necesaria colaboración y coordinación de las Administraciones Públicas, especialmente, entre el Estado y las Entidades Locales para mejorar la eficiencia en la gestión de los ingresos públicos locales.
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Algunas cuestiones a destacar de la tan esperada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, conviene destacar algunas de sus disposiciones que afectan de lleno a las Administraciones Locales.
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La recuperación de ayudas de Estado de carácter fiscal en España.
Una vez la Comisión Europea, como árbitro de la libre competencia que inspira el Mercado Único, emite decisión exigiendo la devolución de una ayuda de Estado, el Estado ha de ejecutar esta decisión de recuperación. En los artículos 260 a 271 LGT se contempla un procedimiento específico, que terminará habitualmente con resolución que contenga la correspondiente liquidación.
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Informe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de datos con nº de referencia 181577/2018 y 200012/2018
PROTECCIÓN DE DATOS. El consentimiento del obligado tributario no constituye el fundamento jurídico válido para el tratamiento de los datos personales por parte de la Administración, puesto que no parten de una posición igualitaria, por lo que el consentimiento otorgado, en su caso, no reuniría los parámetros establecidos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos.
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¡ Apagón de papel !: Firma digitalizada manuscrita con datos biométricos.
En gtt trabajamos en la digitalización de los procedimientos para hacer posible una Administración basada en una tramitación íntegramente electrónica tal como exigen las Leyes 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. En esta línea hemos adaptado nuestro sistema de información y los sistemas de trabajo, para permitir recabar la firma manuscrita digitalizada de los interesados en los procedimientos de gestión con el objetivo de hacer posible una Administración sin papel, totalmente digital.
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El nodo español #EIDAS de gestión de identidades europeas explicado por Aleida Alcaide. Blog Julián Inza
El nodo EIDAS permite el reconocimiento de identidades electrónicas gestionadas en un país para que se puedan hacer efectivas en otro. Por ejemplo, que un español pueda usar su DNI electrónico en trámites de otros países. Y a la inversa, que un ciudadano alemán o italiano pueda usar su sistema nacional de identidad digital para trámites en las administraciones españolas.
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Aproximación a la declaración de fallido y a la baja provisional por insolvencia
El autor realiza una aproximación a la figura de la declaración de fallido, realizando algunas conclusiones que nos llevan a reflexionar sobre el principio de proporcionalidad, eficiencia y economía en el marco del procedimiento de apremio.
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Más pasos hacia el reconocimiento mutuo de los esquemas de identificación electrónica en Europa. Blog Julián Inza
En los últimos meses se observa un progreso notable hacia el reconocimiento mutuo de los esquemas de identificación electrónica en toda la Unión Europea. Cuatro países han realizado la notificación previa de sus esquemas de identificación electrónica: España, Luxemburgo, Estonia y Croacia, tras la notificación previa de Italia en noviembre de 2017.
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La potestativa bonificación de la cuota íntegra del IIVTNU derivada de la adquisición mortis causa de derechos sobre la vivienda habitual del causante.
Análisis de la bonificación potestativa por adquisición, mortis causa, de derechos reales sobre el inmueble que haya constituido la vivienda habitual del finado.
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Situación actual del Impuesto sobre Plusvalía.
El Magistrado José Fenellós Puigcerver realiza un análisis exhaustivo de la situación actual del impuesto.
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Dos manifestaciones de la seguridad jurídica: prescripción y vinculación a los actos propios.
Análisis de las implicaciones del principio de seguridad jurídica con especial referencia a la prescripción y vinculación a los actos propios.
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La preclusividad en el procedimiento de comprobación limitada.
Este trabajo analiza la preclusividad en el procedimiento de comprobación limitada. Para ello se estudia su presupuesto de hecho y sus consecuencias. Además, se ponen de manifiesto algunos problemas que no han sido resueltos por los recientes cambios normativos y se aportan soluciones alternativas. Secundino Ávila Guzmán. Inspector de Hacienda del Estado. Agencia Estatal de Administración Tributaria. CRÓNICA TRIBUTARIA, num. 167/2018.
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La determinación de la base imponible en el IIVTNU y los límites de la capacidad económica: comentario a la sentencia del tribunal constitucional 59/2017, de 11 de mayo de 2017 (pleno). Cuestión de inconstitucionalidad en relación con diversos preceptos del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El presente estudio aborda la cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre la forma de determinación de la base imponible en el IIVTNU y su conflicto con el principio de capacidad económica que debe estar presente en el establecimiento de los tributos. El Tribunal Constitucional declara que los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
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Blockchain, o la revolución del documento inteligente.
Durante siglos el documento en papel ha sido plano, sin más elementos que la información plasmada en ese papel. Con la administración electrónica este aspecto cambia, porque los metadatos dotan al documento electrónico de información diferenciada de ese contenido, simplemente contextualizándolo. Sin embargo con la tecnología blockchain damos la bienvenida al documento inteligente, con instrucciones autoejecutables y condicionadas entre sí. Es otra dimensión, altamente disruptiva y que introducirá profundos cambios en todos los órdenes. Gerardo Bustos. Subdirector general del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. LegalToday.
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La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, STC 55/2018, de 24 de mayo de 2018.
La STC 55/2018, parcialmente estimatoria del recurso de inconstitucionalidad de la Generalidad de Cataluña contra la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), sienta interesante doctrina sobre los límites de la competencia estatal para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común.
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El embargo de datáfonos.
En los últimos meses se han producido distintas resoluciones y sentencias mediando en la controversia que Administración y Entidades Bancarias están teniendo por la novedosa práctica del embargo que las primeras practican sobre los derechos derivados de un contrato de terminales de pago, suscrito entre el deudor y una entidad financiera.
