Boletín Jurídico / Trabajos
Trabajos
La escritura como prueba para acreditar la depreciación del valor a efectos del IIVTNU
La escritura de compraventa de un terreno es prueba suficiente para demostrar la depreciación de su valor, si bien, será la Administración Tributaria, en vía de gestión o inspección, la que, para hacer valer su derecho, deberá probar los hechos, si considera que son distintos a los declarados por el contribuyente.
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La valoración de los inmuebles urbanos o convertir el agua en vino.
Se analizan las Sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017 y de 1 de marzo de 2017 por las que se declara la inconstitucionalidad y nulidad de determinados preceptos de la normativa foral de los Territorios históricos de Guipúzcoa y Álava.
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Efectos de las sentencias del TC tras la nueva Ley del Sector Público: al hilo de la reciente anulación parcial del impuesto de plusvalías que cobran los Ayuntamientos
A raíz de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ha declarado la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Norma Foral Vasca de Guipúzcoa, reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal) y ante su previsible extensión a la Ley estatal reguladora del mismo impuesto, se han publicado numerosos comentarios relativos a las posibilidades de los contribuyentes que hayan pagado dicho Impuesto antes de la sentencia, de obtener la devolución de lo pagado. No siempre se ha tenido en cuenta, sin embargo, la normativa más reciente en esta materia incluida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Trabajos
«Archive» y punto final.
Este mundo conectado y de avances tecnológicos constantes está generando profundos cambios en la manera de pensar, de vivir, de trabajar. Lógicamente, el sector público no puede ser ajeno a esta situación. La respuesta es la administración electrónica. A medida que avance hacia su plena implantación, se consolidará un servicio óptimo al ciudadano. Entre las herramientas necesarias para lleva a cabo todo este proceso querría destacar dos: la política de gestión de documentos electrónicos y el archivo electrónico. La colaboración público-privada permitirá completar las herramientas puestas a disposición de todas las administraciones públicas y dibujar servicios integrales que den respuesta a la necesidad de esas administraciones de instalarse en un funcionamiento exclusivamente electrónico.
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“Había una vez un sistema que demandaba ser creado…”. Cl@ve, el otro lado de la gestión de proyectos colaborativos.
Con anterioridad al nacimiento de Cl@ve, existían diferentes sistemas de identificación y autenticación electrónica para el acceso de los ciudadanos a los servicios digitales que ofrece la Administración. Por una parte, los sistemas basados en certificados electrónicos entrañaban una cierta dificultad a la hora de su utilización al requerir conocimientos técnicos básicos, y por otra parte, otros sistemas de identificación y autenticación basados en el uso de claves concertadas no eran interoperables entre sí, con el inconveniente que ello supone para el ciudadano al tener que recodar claves diferentes para acceder a los distintos servicios electrónicos de la Administración. Esta situación provocaba, entre otras consecuencias, poca usabilidad de estos servicios ACCEDE AL DOCUMENTO
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Sobre la validez y eficacia jurídica de la firma electrónica manuscrita, biométrica o dinámica
La firma electrónica manuscrita, biométrica o dinámica en entornos presenciales tanto del ámbito del sector privado como público, en la que intervengan determinadas herramientas tecnológicas y de seguridad para la prestación de servicios de firma remota, de custodia de documentos y de dispositivos de captura, a los efectos de que el documento firmado devenga un medio de prueba que resulte útil y pertinente en sede judicial, a través de la correspondiente prueba pericial, para acreditar la autoría y el consentimiento de dicho documento (la autenticidad) y que no ha sido manipulado (la integridad).
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Situación actual del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras actualmente se encuentra regulado en los artículos 100 a 103 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLRHL). Se trata de un impuesto de titularidad municipal, indirecto, de devengo instantáneo, objetivo, real y potestativo.
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Transformación digital, sí o sí; documento, expediente y archivo electrónico
La transformación digital de la Administración es ineludible. Las leyes 39/2015 y 40/2015 asientan el hecho del medio electrónico como habitual en el funcionamiento de la misma. La realización de las previsiones de ambas leyes relativas a documento, expediente y archivo electrónico es un reto considerable que requiere de un esfuerzo proporcional a su importancia, global y multidisciplinar, así como de acciones, apuntadas en este artículo, que faciliten la tarea de las entidades de la Administración.
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Ideas para innovar y transformar la atención ciudadana desde la Ley 39/2015
La transformación digital de nuestras administraciones nos lleva a la necesidad de innovar tanto organizativamente como en los procesos públicos a través del servicio de atención e información al ciudadano, de tal forma que se genere valor público transformando las oficinas que asisten a la ciudadanía en su relación con su administración que ya es totalmente electrónica. Fermín CEREZO PECO Jefe de Sección de Transparencia y Gobierno Abierto de la Diputación de Valencia. EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS, Nº 5, Quincena del 15 al 29 Mar. 2017. EDITORIAL WOLTERS KLUWER ACCEDE AL DOCUMENTO
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¿Es inconstitucional el artículo 68.9 LGT?
La reforma de la Ley General Tributaria abordada en 2015 incorpora muchas y relevantes novedades que, en general, suponen un fortalecimiento de la posición jurídica de la Administración y la correlativa debilitación de la del contribuyente. Paradigma de ello es el artículo 68.9 LGT que, en última instancia, aboga por algo insostenible desde una perspectiva constitucional: bajo la coartada de la interrupción de la prescripción de las obligaciones conexas, introduce serias cortapisas al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente cautelar (suspensión).
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Las sanciones catastrales y tributarias en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Necesidad de una reforma urgente. Arturo José Delgado Mercé. Revistas Tributos Locales nº 128 dic 2016-2017.
En el presente artículo trataremos acerca del principal problema concerniente a las sanciones catastrales y tributarias en el ámbito del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Las primeras, en relación con la falta de declaración o de declaración falsa o incompleta, no penalizan verdaderamente el daño que se causa con tales conductas a la Hacienda Pública y, en consecuencia, al interés general. La importante evolución que ha experimentado el régimen sancionador tributario no se ha visto reflejada en la normativa catastral. La regulación legal y reglamentaria que afecta al Catastro y al IBI diseña un escenario poco acorde con la proporcionalidad que todo régimen sancionador debe respetar y con una correcta distribución competencial. Arturo José Delgado Mercé Revistas Tributos Locales nº 128 dic 2016-2017. ACCEDE AL DOCUMENTO
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Versiones y perversiones de los criterios de imposición de costas en lo Contencioso-Administrativo
Se aborda el criterio del vencimiento en las costas en el ámbito contencioso-administrativa, implantado por la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de medidas de agilización procesal, instituto caracterizado por la dispersión de criterio en la praxis judicial y una temible incertidumbre para los abogados, en caso de desenlace negativo del pleito, tanto sobre si deberá asumir las costas, como en qué cuantía y conceptos. Se pretende exponer el escenario legal, y los derroteros procesales de la figura junto a las posibles interpretaciones o propuestas pragmáticas para reorientarlo hacia mayores garantías de la tutela judicial efectiva.
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Comentarios de la FEMP sobre la situación fiscal de las empresas de transporte de electricidad, gas, agua e hidrocarburos respecto de las tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
El grupo de trabajo sectorial constituido en el seno de la FEMP analiza el alcance de las Sentencias del Tribunal Supremo 2.725/2016 y 2.728/2016, ambas de 21 de diciembre de 2016 y que afectan a la situación de las empresas que gestionan las redes principales de transporte de electricidad y gas, respecto de las tasas a las que se refiere el artículo 20 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ACCEDE AL DOCUMENTO
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La «plusvalía» al borde del abismo. Beatriz MORENO SERRANO Tesorera de la Diputación de Valencia.
El Tribunal Constitucional, mediante sentencia del pasado 16 de febrero, ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Donostia en relación con varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del IIVTNU del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El Tribunal considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en el art. 31.1 CE.
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La caducidad y otros vicios invalidantes en los procedimientos de aplicación de los tributos.
La práctica diaria en los Tribunales Económico Administrativos pone de manifiesto que son diversas razones de tipo formal las que, con mayor peso relativo que las cuestiones materiales o de fondo, constituyen los motivos de la mayor parte de las resoluciones estimatorias, en todo o en parte, de las reclamaciones interpuestas en la vía económico-administrativa, siendo entre otros, uno de los motivos que invalidan el procedimiento, al caducidad. El artículo analiza la caducidad y otros vicios invalidantes en los procedimientos de aplicación de los tributos. FRANCISCO JAVIER PAJARES ÁLVAREZ. VOCAL DEL T.E.A.R. DE CASTILLA LA MANCHA.
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El IBI y las ayudas de Estado: a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.
Este artículo tiene por finalidad, comentar y analizar de manera crítica las recientes sentencias de los tribunales nacionales y el europeo relativo al caso Navantia, es decir, sobre la consideración de la exención del IBI de la que se beneficia la empresa pública española y que está siendo objeto de pronunciamientos judiciales de diversa índole. ALVARO DEL BLANCO, INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES.
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La revisión de actos firmes por los Tribunales Económico-Administrativos.
Comentario a las Sentencia de la Audiencia Nacional, de 12 de enero de 2017, en relación con los límites a la competencia revisora del Tribunal Económico-Administrativo Central cuando se produce una vulneración de la seguridad jurídica.
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La elaboración de ordenanzas y reglamentos con la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común: problemática local
En cuanto a la participación de los ciudadanos y empresas en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales, la LPACAP en su artículo 133, recoge, a diferencia de lo que ocurre en la esfera local, tres fases: un nuevo trámite de " consulta pública", con carácter obligatorio, en la fase de anteproyecto o proyecto normativo, un trámite de audiencia y por último un trámite de información pública, olvidándose de que, en la Administración Local, ya existía un trámite de información pública, entre la aprobación inicial de una disposición de carácter general y la definitiva. JOSE MARÍA MENÉNDEZ ALONSO. SECRETARIO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.
