Trabajos

¡ Apagón de papel !: Firma digitalizada manuscrita con datos biométricos.

En gtt trabajamos en la digitalización de los procedimientos para hacer posible una Administración basada en una tramitación íntegramente electrónica tal como exigen las Leyes 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.


En esta línea hemos adaptado nuestro sistema de información y los sistemas de trabajo, para permitir recabar la firma manuscrita digitalizada de los interesados en los procedimientos de gestión con el objetivo de hacer posible una Administración sin papel, totalmente digital.



Actualmente existen en el mercado de dispositivos electrónicos que permiten la captura de la firma digitalizada de los interesados junto con sus datos biométricos (coordenadas espaciales, velocidad y presión del trazo), que garantizan la identidad del firmante vinculando de forma unívoca la firma al contenido del documento electrónico firmado, posibilitando un análisis grafológico con garantías equivalentes a la firma manuscrita.


Haciendo uso de esta tecnología las Administraciones empiezan a implantar la firma digitalizada para gestionar de forma electrónica todos los documentos en los que se requiere la firma manuscrita, evitando así la necesidad de tener que escanear la documentación para incorporarla a los expedientes electrónicos, de forma que se puede cerrar el circuito de digitalización y alcanzar el objetivo 0 papel.


Este tipo de firma digitalizada biométrica está incluida en el marco legal de las firmas electrónicas avanzadas (las que vinculan al firmante con lo firmado), teniendo cabida en la descripción contenida en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.


Por tanto, el documento electrónico firmado tiene garantías jurídicas debido a que cumple con el marco normativo establecido por la Ley de Firma Electrónica.


Algunos ejemplos significativos de Administraciones que han implantado este sistema de firma son la AEAT y el Servicio Público de Empleo Estatal.


 

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