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Sentencias y Resoluciones
SILENCIO ADMINISTRATIVO. Efectos del silencio negativo cuando la Administración incumple su deber de resolver en plazo
El órgano revisor, en vía administrativa, puede resolver de forma extemporánea la inadmisión de la reclamación o recurso interpuesto fuera de plazo. El silencio negativo es una ficción jurídica que no otorga derechos al interesado, sólo le permite acudir a la vía jurisdiccional. El juez a quo, al ampliar el recurso a la resolución expresa emitida fuera de plazo, permite al interesado aducir lo que a su derecho convenga sobre la inadmisión, por lo que no quedan conculcados sus derechos de defensa, prohibición de reformatio in peius ni los principios del derecho comunitario. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 9 de octubre de 2024 (Recurso nº 3840/2023). Ponente: Maria de la Esperanza Córdoba Castroverde.
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PRESCRIPCIÓN. Interrupción de la prescripción del derecho a derivar, determinar y exigir la deuda tributaria al responsable
El TEAC extiende el criterio del Tribunal Supremo (STS 14 de octubre de 2022) sobre la prescripción en el caso de la responsabilidad solidaria (42.2 a) de la LGT), a la responsabilidad subsidiaria (43.1 b) de la LGT). Por tanto, “las actuaciones recaudatorias realizadas con el deudor principal o con otro responsable, ex artículo 68.8 LGT, sólo podrán interrumpir el plazo de prescripción para exigir el pago de la deuda del responsable solidario o subsidiario cuya responsabilidad ya haya sido declarada”. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, número 03063/2023, de 15 de octubre de 2024, en unificación de criterio.
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APREMIO. Imposibilidad de dictar providencia de apremio cuando la resolución del recurso de reposición está pendiente de notificación
El TEAC reitera su criterio de la imposibilidad de iniciar la vía de apremio cuando persiste la obligación de la Administración de resolver y notificar la resolución del recurso de reposición planteado, aunque no mediara solicitud de suspensión. Este deber de resolver en tiempo y forma se entiende cumplido con la realización de un intento de notificación o puesta a disposición de la notificación electrónica. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, número 03690/2023, de 15 de octubre de 2024, en unificación de criterio.
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APREMIO. Deber de resolver los recursos antes de iniciar el procedimiento de embargo
El TEAC, en aplicación del principio de buena administración, declara la imposibilidad de dictar diligencia de embargo si no se ha notificación la resolución del recurso de reposición contra la providencia de apremio, aunque no se haya solicitado su suspensión. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, número 06635/2023, de 15 de octubre de 2024, en unificación de criterio.
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Cuantía litigiosa para acceder a la apelación en los tributos locales
Cuando se impugnan varias liquidaciones, a efectos de apelación, la cuantía viene determinada por el valor de la cuota para cada periodo tributario, sin que quepa considerar el pleito de cuantía indeterminada, independientemente que las razones de fondo de la impugnación se sustenten en la existencia de una exención. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 1 de octubre de 2024 (Recurso nº 3840/2023). Ponente: Francisco José Navarro Sanchis.
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IIVTNU. Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por aplicación de la STC 182/2021
El TS excluye de la limitación de efectos de la STC 182/2021 la responsabilidad patrimonial y reconoce el derecho del interesado a la indemnización, limitada a la cuantía liquidada, excluyendo las costas del procedimiento inicial ante el JCA, el cual no valoró la prueba aportada para demostrar la pérdida de valor del terreno transmitido, ya que, por las fechas del caso, el JCA debió aplicar la doctrina del TC en su Sentencia 59/2017. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, de 18 de septiembre de 2024 (Recurso nº 1030/2023). Ponente: Carlos Lesmes Serrano.
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APREMIO. Prescripción del derecho a exigir la deuda al responsable
La interposición de recursos y reclamaciones contra un acuerdo de declaración de responsabilidad interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda y derivarla al responsable, pero no el plazo de prescripción del derecho a exigir al responsable el pago de la deuda derivada, plazo que se inicia con el vencimiento del período voluntario de pago de la deuda ya derivada. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, número 09744/2022, en unificación de criterio, de 18 de septiembre de 2024.
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APREMIO. Los recursos o reclamación extemporáneos no interrumpen la prescripción, salvo suspensión
Si bien la regla general es que la extemporaneidad impide la interrupción de la prescripción, existe una salvedad, cuando, con motivo de dicha impugnación, se hubiera solicitado la suspensión de la ejecución del acto impugnado, de modo que, mientras esta situación de suspensión persista, impedirá que corra el plazo de prescripción del derecho a exigir el pago. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, número 09744/2022, en unificación de criterio, de 18 de septiembre de 2024.
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TASAS. Transporte de energía eléctrica
En la modificación de la Ordenanza reguladora que excluye de tributación la utilización privativa del dominio público local, ¿se puede a la vez catalogar determinadas instalaciones como aprovechamientos especiales de especial intensidad?, ¿puede fijar un tipo de gravamen del 2,5% para supuestos de aprovechamiento especial de menor intensidad?. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 19 de septiembre de 2024 (Recurso nº 7925/2023). Ponente: Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda.
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IAE. Competencias de las Diputaciones para modificar el epígrafe de tributación, cuando el sujeto pasivo estaba tributando por otro epígrafe, por cuota nacional
Se cuestiona si la entidad local dispone de competencias para realizar tal alteración o no, máxime cuando la atribución de funciones inspectoras a entes locales y comunidades autónomas queda referida, exclusivamente, según dispone el artículo 18.2 del Real Decreto 243/1995 a los supuestos de tributación por cuota municipal. ¿Es necesario que se le haya delegado la gestión censal? Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 12 de septiembre de 2024 (Recurso nº 6563/2023). Ponente: Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda.
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IIVTNU. Equiparación de la legitimación administrativa con la judicial para los adquirentes que asumen el pago del impuesto
El TS otorga legitimación activa en favor del que se obliga al pago del impuesto, por contrato, para solicitar la rectificación de la autoliquidación y la correspondiente devolución de ingresos indebidos, por ser incompatible la falta de legitimación administrativa con la judicial, al ser un paso previo y necesario para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 23 de julio de 2024 (Recurso nº 6691/2022). Ponente: Isaac Merino Jara.
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IIVTNU. Agotamiento de la vía administrativa previa antes de acudir a la vía jurisdiccional
Las autoliquidaciones no son directamente impugnables ante la jurisdicción contenciosa, aunque se base exclusivamente en la inconstitucionalidad de la norma que regula el impuesto, por lo que el cauce procesal adecuado es la solicitud de la rectificación de la autoliquidación ante la Administración, con la consiguiente devolución de ingresos indebidos. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 12 de julio de 2024 (Recurso nº 607/2023). Ponente: Rafael Toledano Cantero.
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APREMIO. Plazo de constitución de garantía hipotecaria unilateral para la concesión de un aplazamiento o fraccionamiento
La sociedad actuó con la diligencia debida a la hora de formalizar la garantía consistente en la hipoteca unilateral al presentar, antes del plazo de dos meses concedido, la escritura pública de su constitución y el justificante de presentación ante el Registro de la Propiedad. El retraso de la inscripción en el Registro no es imputable al interesado, además una vez inscrita la garantía se comunicó a la Administración, todo ello antes de que hubiera dictado providencia de apremio. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, número 06314/2021, en unificación de criterio, de 17 de junio de 2024.
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APREMIO. Derivación de responsabilidad solidaria del artículo 42.2 de la LGT para la recaudación de sanciones administrativas
El TS admite la posibilidad de acudir al procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria para la gestión recaudatoria de una sanción administrativa mediante la tramitación del correspondiente procedimiento regulado en los artículos 174 a 176 de la LGT. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 18 de julio de 2024 (Recurso nº 7874/2021). Ponente: Isaac Merino Jara.
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PRESCRIPCIÓN. La solicitud de una carta de pago no interrumpe el plazo de prescripción
La solicitud de una carta de pago por parte de un obligado tributario respecto de su deuda no constituye acto con eficacia interruptiva de la prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias de acuerdo con el artículo 68.2 c) de la LGT Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, número 02828/2023, en unificación de criterio, de 17 de julio de 2024.
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CADUCIDAD. Interrupción justificada de los plazos de caducidad
La Administración Tributaria tiene la obligación de informar a los interesados sobre la existencia de interrupciones del procedimiento de declaración de responsabilidad a efectos de caducidad del procedimiento, en concreto, las solicitudes de informe de valoración de bienes. La interrupción justificada comienza desde la notificación al interesado de la remisión de la petición de informe de valoración, sin que tenga efectos interruptivos la notificación de la remisión posterior a la recepción del citado informe. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central número 09317/2021 de 17 de junio de 2024.
