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Sentencias y Resoluciones
IIVTNU. Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por aplicación de la STC 182/2021
El TS excluye de la limitación de efectos de la STC 182/2021 la responsabilidad patrimonial y reconoce el derecho del interesado a la indemnización, limitada a la cuantía liquidada, excluyendo las costas del procedimiento inicial ante el JCA, el cual no valoró la prueba aportada para demostrar la pérdida de valor del terreno transmitido, ya que, por las fechas del caso, el JCA debió aplicar la doctrina del TC en su Sentencia 59/2017. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, de 18 de septiembre de 2024 (Recurso nº 1030/2023). Ponente: Carlos Lesmes Serrano.
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APREMIO. Prescripción del derecho a exigir la deuda al responsable
La interposición de recursos y reclamaciones contra un acuerdo de declaración de responsabilidad interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda y derivarla al responsable, pero no el plazo de prescripción del derecho a exigir al responsable el pago de la deuda derivada, plazo que se inicia con el vencimiento del período voluntario de pago de la deuda ya derivada. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, número 09744/2022, en unificación de criterio, de 18 de septiembre de 2024.
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APREMIO. Los recursos o reclamación extemporáneos no interrumpen la prescripción, salvo suspensión
Si bien la regla general es que la extemporaneidad impide la interrupción de la prescripción, existe una salvedad, cuando, con motivo de dicha impugnación, se hubiera solicitado la suspensión de la ejecución del acto impugnado, de modo que, mientras esta situación de suspensión persista, impedirá que corra el plazo de prescripción del derecho a exigir el pago. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, número 09744/2022, en unificación de criterio, de 18 de septiembre de 2024.
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IAE. Competencias de las Diputaciones para modificar el epígrafe de tributación, cuando el sujeto pasivo estaba tributando por otro epígrafe, por cuota nacional
Se cuestiona si la entidad local dispone de competencias para realizar tal alteración o no, máxime cuando la atribución de funciones inspectoras a entes locales y comunidades autónomas queda referida, exclusivamente, según dispone el artículo 18.2 del Real Decreto 243/1995 a los supuestos de tributación por cuota municipal. ¿Es necesario que se le haya delegado la gestión censal? Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 12 de septiembre de 2024 (Recurso nº 6563/2023). Ponente: Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda.
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IIVTNU. Equiparación de la legitimación administrativa con la judicial para los adquirentes que asumen el pago del impuesto
El TS otorga legitimación activa en favor del que se obliga al pago del impuesto, por contrato, para solicitar la rectificación de la autoliquidación y la correspondiente devolución de ingresos indebidos, por ser incompatible la falta de legitimación administrativa con la judicial, al ser un paso previo y necesario para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 23 de julio de 2024 (Recurso nº 6691/2022). Ponente: Isaac Merino Jara.
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IIVTNU. Agotamiento de la vía administrativa previa antes de acudir a la vía jurisdiccional
Las autoliquidaciones no son directamente impugnables ante la jurisdicción contenciosa, aunque se base exclusivamente en la inconstitucionalidad de la norma que regula el impuesto, por lo que el cauce procesal adecuado es la solicitud de la rectificación de la autoliquidación ante la Administración, con la consiguiente devolución de ingresos indebidos. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 12 de julio de 2024 (Recurso nº 607/2023). Ponente: Rafael Toledano Cantero.
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APREMIO. Plazo de constitución de garantía hipotecaria unilateral para la concesión de un aplazamiento o fraccionamiento
La sociedad actuó con la diligencia debida a la hora de formalizar la garantía consistente en la hipoteca unilateral al presentar, antes del plazo de dos meses concedido, la escritura pública de su constitución y el justificante de presentación ante el Registro de la Propiedad. El retraso de la inscripción en el Registro no es imputable al interesado, además una vez inscrita la garantía se comunicó a la Administración, todo ello antes de que hubiera dictado providencia de apremio. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, número 06314/2021, en unificación de criterio, de 17 de junio de 2024.
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APREMIO. Derivación de responsabilidad solidaria del artículo 42.2 de la LGT para la recaudación de sanciones administrativas
El TS admite la posibilidad de acudir al procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria para la gestión recaudatoria de una sanción administrativa mediante la tramitación del correspondiente procedimiento regulado en los artículos 174 a 176 de la LGT. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 18 de julio de 2024 (Recurso nº 7874/2021). Ponente: Isaac Merino Jara.
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PRESCRIPCIÓN. La solicitud de una carta de pago no interrumpe el plazo de prescripción
La solicitud de una carta de pago por parte de un obligado tributario respecto de su deuda no constituye acto con eficacia interruptiva de la prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias de acuerdo con el artículo 68.2 c) de la LGT Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, número 02828/2023, en unificación de criterio, de 17 de julio de 2024.
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CADUCIDAD. Interrupción justificada de los plazos de caducidad
La Administración Tributaria tiene la obligación de informar a los interesados sobre la existencia de interrupciones del procedimiento de declaración de responsabilidad a efectos de caducidad del procedimiento, en concreto, las solicitudes de informe de valoración de bienes. La interrupción justificada comienza desde la notificación al interesado de la remisión de la petición de informe de valoración, sin que tenga efectos interruptivos la notificación de la remisión posterior a la recepción del citado informe. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central número 09317/2021 de 17 de junio de 2024.
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TASA. Compatibilidad o incompatibilidad de la Tasa de aprovechamiento especial del dominio público local por empresas de comercialización de energía eléctrica
¿Este tipo de tasa tiene la consideración de gravamen indirecto adicional? ¿respeta los límites del artículo 1.2 de la Directiva 2008/118/CE y la jurisprudencia del TJUE? Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 17 de julio de 2024 (Recurso nº 8903/2023). Ponente: Francisco José Navarro Sanchis.
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TASAS. Hecho imponible de la Tasa de Vados en caso de acceso a través de aceras de titularidad privada, pero de uso público
Se produce el hecho imponible de la Tasa por el aprovechamiento especial que realizan los propietarios de los locales destinados a garajes, no tanto de las aceras construidas en terreno de propiedad privada, sino por el aprovechamiento especial de la vía pública (calzada), que permite, atravesando la acera, el acceso de los vehículos a los locales que sirven como garajes, sin que sea necesario que la ordenanza reguladora de la tasa contemple explícitamente la sujeción de este supuesto de aprovechamiento especial. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 27 de junio de 2024 (Recurso nº 809/2023). Ponente: Maria de la Esperanza Córdoba Castroverde.
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ICIO. Legitimación para solicitar la devolución de ingresos indebidos en caso de transmisión de la parcela y la licencia, con conocimiento y aprobación municipal
El nuevo propietario tiene derecho a solicitar la devolución de la liquidación provisional del ICIO ingresada por el anterior propietario puesto que, tras la transmisión de la licencia y de la parcela adquiere la condición de sujeto pasivo del ICIO, con las obligaciones y derechos aparejadas a dicha condición. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 11 de julio de 2024 (Recurso nº 867/2023). Ponente: Maria de la Esperanza Córdoba Castroverde.
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PRESCRIPCIÓN. Cómputo del plazo de prescripción en caso de solicitud de aplazamiento en periodo voluntario cuando la Administración no resuelve expresamente
La desestimación presunta de una solicitud de aplazamiento no tiene efectos interruptivos de la prescripción del derecho a recaudar, como pretende el Ayuntamiento, sino que se trata de una simple ficción que permite al interesado su impugnación. La petición de aplazamiento, presentada en periodo voluntario, produce el efecto de suspender el transcurso del plazo de pago en periodo voluntario hasta que se adopte y notifique una resolución expresa sobre la petición de aplazamiento, a partir de la cual se abrirá un nuevo plazo de ingreso voluntario, por lo que la resolución presunta no puede considerarse como fin del plazo voluntario de pago. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 8 de julio de 2024 (Recurso nº 1612/2023). Ponente: Rafael Toledano Cantero.
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INSPECCIÓN. Competencias municipales para modificar, vía inspección, el epígrafe de tributación con cuota municipal
En caso de que la empresa tribute por cuota nacional ¿Puede un Ayuntamiento con delegación de la inspección modificar el epígrafe de tributación para encuadrar la actividad en un epígrafe con cuota municipal? En caso afirmativo, ¿El Ayuntamiento debería también tener delegada la gestión censal del impuesto? Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 3 de julio de 2024 (Recurso nº 6109/2023). Ponente: Francisco José Navarro Sanchis.
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INSPECCIÓN. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la práctica de interrogatorios en el marco de la entrada en el domicilio autorizada judicialmente
La orden judicial de entrada en el domicilio no ampara a la Administración para la práctica de interrogatorios indiscriminados a los directivos y trabajadores de la empresa, quedando vulnerado el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y sin indefensión (artículo 24 de la CE), cuya consecuencia es la nulidad de la actuación inspectora. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª, de 2 de julio de 2024 (Recurso nº 5831/2023). Ponente: Luis María Diez-Picazo Giménez.
